Tres años se
cumplen desde que se produjo la masacre de la cárcel de San Miguel, donde
murieron calcinados 81 hombres presos. Este hecho terrorífico expuso
abiertamente el crítico estado del sistema penitenciario, la dramática realidad
que viven l@s pres@s en las cárceles chilenas, que por años se han mantenido
sobrepobladas hasta el punto de superar el 300% de desborde de su capacidad; es
el caso de la cárcel de Lebu (con un 306% de déficit el año 2010) y la cárcel
de Buin (con un 600% de déficit el año 2010)1.
Unos meses
antes de la masacre, en marzo de 2010, el Consejo para la Reforma Penitenciaria
emite un informe donde destaca la necesidad de contrarrestar el aumento
vertiginoso de la población penal, y la privación de libertad como principal
medio de castigo. La investigación pone énfasis en demostrar cómo la prisión no
reinvierte los índices de “delincuencia” ni mucho menos logra la “reinserción
social” para l@s privad@s de libertad. Sin embargo, la clase política estando
en conocimiento de los resultados de este informe y muchos otros tanto nacional
e internacional, sabiendo en detalle sobre las condiciones críticas del sistema
penitenciario, invierte esfuerzos para mantenerlo y reforzarlo hasta el punto
de propiciar la construcción de diez nuevas cárceles en el país, a través de
una significativa inversión de más de 400 millones de dólares de inversión en
el año 2011, lo que significó a la vez, el crecimiento de la población penal
por el aumento del 30 % de la capacidad de las cárceles.
La política
pública carcelaria de los gobiernos democráticos reforzada por el de Piñera,
tiene como objetivo consolidar el control social a partir de la posibilidad de
que la población esté presa, y con esto se reafirma al sistema carcelario como
uno de sus principales dispositivos. Lo anterior queda demostrado por el
aumento explosivo de la cantidad de población penitenciaria en Chile. A partir
de la reforma procesal penal, entre 1998 y 2009, de 60.990 a 106.877 personas
pasan por el sistema penitenciario, representando un crecimiento de 75%. Chile
se posiciona como el país con mayor cantidad de presos en toda Latinoamérica.
Los gobiernos
democráticos sientan las bases para que la población por miedo y desconfianza
valide su propia jaula y de esta manera justifican la mantención de estos
depósitos humanos. Para ello es determinante el rol que cumplen “los medios de
comunicación”, cuando le dan cabida cotidiana a las imágenes de delito menor,
señalando a los robos y hurtos menores en la vía pública, o al microtráfico en
las poblaciones como las causas principales por la que se origina la
“inseguridad social o el peligro público o el enemig@ intern@”, aun siendo
eventos inferiores a la comisión de la violencia sistémica.
Los medios
masivos de información logran propagar por un lado, el consumo a través de una
publicidad atractiva, pero también se encargan de alarmar a la población ante
la posibilidad de perderlo todo. Es así como uno de los principales miedos de
la ciudadanía es perder lo que consume, que le roben lo que consigue a través
del esfuerzo, a través de la carga de explotación que le significa el trabajo.
Los gobernantes lo saben, y tanto la derecha como la concertación han ganado
votos gracias al discurso común de “poner mano dura contra la delincuencia”,
mas los delitos que en realidad juzgan a través del poder judicial y de la
moral dominante burguesa y cristiana, son aquellos que provocan
significativamente menos daños.
Las leyes se
confeccionan para NO castigar los delitos que justamente tienen mayor impacto
social, porque más gente resulta afectada. Fraude, tortura, contaminación medio
ambiental, corrupción, explotación laboral, trata de blancas, evasión de
impuestos, son acciones que realizan los hombres y mujeres de joyas y cuello
blanco, que sin embargo quedan impunes porque sencillamente las leyes fueron
confeccionadas para que no se castigue ni menos haya un rechazo social. Además
l@s empresari@s, l@s polític@s, l@s militares y religios@s que han cometido
daños de lesa humanidad no son depositados en cárceles; sobre ell@s no hay un
sistema de rehabilitación de monitoreo continuo; y aunque atenten continua y
sistemáticamente en contra de la vida y de la libertad de las personas y de la
comunidad, ellos no habitan las cárceles, y en los pocos casos que sí lo hacen,
el gobierno invierte un presupuesto cinco veces mayor a lo que gasta para cada
pres@ común, para asegurarles un buen pasar. Ha sido el caso de l@s pocos
uniformados genocid@s de la dictadura que en este minuto se encuentran en Punta
Peuco. Las condiciones de esta prisión es radicalmente opuesta, no viven
hacinad@s, tienen derecho a visita todos los días, los baños se encuentran
higienizados, comen bien, gendarmería se comportan como sus pérquines, cuentan
con una defensa, y etcétera al infinito.
Hoy, a casi tres
años de la masacre de la cárcel de San Miguel, estando en conocimiento de que
el sistema penitenciario es un rubro lucrativo para empresas privadas como
Sodexo; sabiendo de la vulneración sistemática de los derechos mínimos que
puede tener una persona privada de libertad para su sobrevivencia;
sensibilizad@s por el paupérrimo estado de las celdas, de los pasillos, de los
baños, del hacinamiento de las cárceles públicas y concesionadas, sabiendo que
en la calle cuatro de la ex penitenciaria viven 450 personas y sólo hay 36
pequeñas piezas, lo que implica que deban dormir hasta 15 ó 20 personas en cada
una, muchas veces sentados, y a la intemperie. Hoy recordando el macabro
asesinato de los 81 presos de la cárcel de San Miguel:
Denunciamos
al estado chileno por mantener el sistema penitenciario.
Denunciamos
al estado chileno por mantener un régimen de tortura y de vulneración
sistemática de derechos.
Denunciamos
al estado chileno como el máximo responsable de la muerte de los 81 hombres en
la cárcel de San Miguel.
El sistema
carcelario debe finalizar por corresponder a una política de exterminio propia
de los regímenes dictatoriales. Tomemos consciencia de cómo la cárcel es una
plataforma de control transversal, que no discriminará frente a quienes
cuestionen y transgredan los sistemas hegemónicos de poder: pres@s mapuche,
presas por abortar, pres@s estudiantiles, pres@s por autocultivo, pres@s por no
pagar deudas, pres@s por piratear, pres@s por indocumentad@s, pres@s por
protestar, pres@s por venta ambulante. La sociedad carcelaria nos apresa, y por
lo tanto es necesario de manera conjunta desarrollar como parte de nuestra
lucha una consciencia anticarcelaria.
Hacemos un
llamado a la población a integrar dentro de las demandas sociales, la
finalización del sistema carcelario y también a problematizar sobre los
mecanismos de justicia frente a los delitos políticos, frente a los verdader@s
terroristas que han atentado contra la vida y que siguen impunes, gobernando y
generando las condiciones para que estemos pres@s.
Hacemos un
llamado fraterno en este tercer aniversario a solidarizar con la agrupación 81
Razones para luchar, a solidarizar con l@s privad@s de libertad del estado
chileno, a solidarizar con l@s privados de libertad que sufren en celdas de
aislamiento, quienes han resistido conscientemente a la dictadura, por nuestros
hijos e hijas, por los 81 también. ¡Freddy, Marcelo y Juan a la calle!
Hacemos un
llamado en este 08 de diciembre a articular acciones de solidaridad con quienes
están enjaulad@s, tanto en las cárceles de menores y de adult@s como en los
psiquiátricos, a solidarizar a través de las visitas, de la correspondencia y
de la protesta. Hacemos un llamado a derribar cuanto muro mental y físico nos
separe.
¡81 PRESOS
MASACRADOS EN LA CÁRCEL DE SAN MIGUEL PRESENTES!
Red de apoyo
por justicia para los 81
También dejamos para descarga el
libro: 81 razones para mantener viva la memoria
No hay comentarios.:
Publicar un comentario